No pasa tiempo sin que los medios de manipulación nos asalten con noticias sobre sucesos de indisciplina y violencia en los colegios. La oportunidad con que se suceden, la sobredimensión que alcanzan y el enfoque de confrontación que alimentan, nos deben animar a reflexionar sobre ello y destapar los objetivos encubiertos de estas campañas que alarman a la sociedad.
En el Instituto de Educación Secundaria “Emilio Canalejo” de Almería se produjo un lamentable incidente: mientras un profesor explicaba en la pizarra, un alumno de 13 años de primero de la ESO estaba jugando, con tan mala fortuna que dio un puñetazo y salió proyectado un estuche, impactando en las gafas del profesor al volverse. El profesor, según consta, sufrió una herida leve en un párpado. Según el director no se estaba produciendo ningún enfrentamiento entre ellos, y añade: es normal que se de algún problema de disciplina como en todos los colegios. Hasta aquí el relato de los hechos según los protagonistas. Es decir, un incidente disciplinar en su natural contexto pedagógico.
Pero ocurre que desde hace tiempo estamos siendo víctimas de una campaña de descrédito para que vayamos suplantando las relaciones pedagógicas por relaciones jurídico penales y la función educativa por funciones policiales y punitivas. Y víctimas de esta campaña de descrédito de lo educativo, de repente nos convierten un lamentable problema de disciplina en un problema de orden público y se convoca una manifestación de protesta y se suspenden todas las actividades extraescolares. Y todo un sindicato, que para mayor despiste se dice de izquierdas, solicita que se actúe con rapidez y contundencia, y la jefatura de la fiscalía de la Junta de Andalucía, es decir quien debía ser el defensor nato del menor, dice que actuará de oficio y que, por la vía penal, pedirá la pena máxima calificando incidentes como este de atento contra funcionario público. Me temo que los chavales de 13 años van a tener que ponerse a trabajar para poder pagarse un abogado que defienda sus derechos. Porque todavía no he perdido tanto el sentido común como para no ver que de todos los que intervienen: sindicatos, fiscalía, etc, la parte más débil son los chavales.
Al sindicato aludido algo de pudor todavía le queda, porque inmediatamente de pedir contundencia, añade que se necesitan medidas educativas no únicamente punitivas. Las punitivas como se ve ya las están consiguiendo; y yo quedo lleno de expectación por ver las medidas educativas que no aplicaron cuando fue el momento, pero que dicen que van a aplicar.
Hay una cosa que me preocupa sobre todo lo demás: y es que para pedir contundencia se escuden en el desánimo que estas cosas provocan en el profesorado. Pues imagínense el desánimo, desconcierto y rebeldía que va a provocar en el alumnado, el hecho de que quienes están para educarles se consideren incapaces de hacerlo y reclamen que vengan los fiscales a enseñarles a educar porque ellos ya no saben ni se atreven.
Hace tiempo que vengo advirtiendo la campaña de descrédito e intromisión organizada contra los chavales y contra la autonomía académica. Cuando cuaje semejante inyección de autoritarismo lo vamos a lamentar.
Y lo mismo ocurre a la campaña organizada contra lo que llaman el “acoso escolar”, en mi opinión otro signo más del autoritarismo desapercibido que nos están inoculando, y lo que es más doloroso, utilizando a los niños para ello.
Primero fabrican el nombre, un nombre muy comercial, que se asimila fácilmente a otros que ya tienen publicidad. “Acoso laboral”, “acoso sexual”, etc. Con eso nos inducen a creer que se trata de un problema novedoso que antes no existía o casi no existía, puesto que ni siquiera tenía nombre. Así ya consiguen evitar que podamos aplicarle las soluciones que le hemos aplicado toda la vida. Porque antes cuando unos niños hostigaban o maltrataban a otro, padres y profesores teníamos claro que era un problema de responsabilidad y competencia nuestra y solamente nuestra.
Ahora lo están denunciando públicamente para que también en privado nos acostumbremos a denunciarlo en vez de resolverlo. Es decir para que dejemos de ser educadores de nuestros hijos y de nuestros alumnos y pasemos a ser sus vigilantes y sus denunciantes, que por cierto es una función mucho más cómoda.
La campaña contra el “acoso escolar” es otra vuelta de tuerca en la campaña de culpabilización y criminalización contra chavales que desde hace tiempo han venido acometiendo sucesivos gobiernos. Culpabilizando a los críos del caos social en que los tienen sumergidos desvían la atención y sus responsabilidades políticas. Y además convierten a esos niños en clientes del descomunal negocio que están montando: cada vez más cárceles para niños, cada vez más equipos de vigilancia y control, cada vez más equipos técnicos, más profesionales viviendo de los niños, más ONGs, más Fundaciones subvencionadas, en nombre de los niños.
Está claro que tratan de incluir a un enorme sector de la población infantil en el saco de los niños que supuestamente están en peligro, para convertirles inmediatamente en niños de riesgo y acto seguido en materia de intervención social, judicial, clínica, psicológica, etc. Para sacarles rentabilidad. Sectores de población infantil que antes no producían dinero ahora se convierten directamente en materia de consumo, en chiquillos que deambularán de informe en informe, de equipo técnico en equipo técnico, de despacho en despacho, regalando el precioso tiempo de su vida para dar de comer a sus vigilantes.
Yo recomendaría a padres y profesores que exijan el que las cosas, en esos temas concretos, funcionen como funcionaban antes, es decir que hagan respetar la autonomía familiar y académica, que se hagan responsables de las relaciones entre los niños para que el hogar y el aula no se les sigan llenando de intrusos. Y sobre todo para poner freno a los que siguen soñando con la cárcel global en la que ellos serían los carceleros.
Enrique Martínez Reguera
